La economía colaborativa es una tercera vía entre empleo y desempleo (y salvará a la clase media parada)

El punto muerto en que se encuentra la regulación de la economía colaborativa, sus conflictos derivados y el crecimiento exponencial de ciudadanos implicados muestran que necesitamos una tercera categoría para definir nuestras relaciones de trabajo: el ciudadano productor.

El factor de producción “trabajo” ha acabado siendo reducido conceptualmente a “empleo”. De esta manera, en la sociedad industrial destacan básicamente dos categorías de trabajadores: los que trabajan por cuenta ajena (empleados) y los que trabajan por cuenta propia (autoempleados). Los que no están trabajando son considerados, en términos generales, desempleados. Hemos reducido el factor “trabajo” al nivel de “empleo”. No es lo mismo.

Las normativas laborales funcionaron adecuadamente hasta principios del siglo XXI, cuando nuestra sociedad era analógica y reactiva, al igual que las políticas de generación de empleo (y autoempleo). Sin embargo, llegó la Gran Crisis de 2008 y países enteros temblaron al ver cómo se incrementaba el número de ciudadanos desempleados, literalmente “parados”. España fue especialmente golpeada por la crisis y aparecemos desde entonces siempre en los primeros puestos de los países con mayores índices de desempleo en la OCDE.

España, campeona de economía colaborativa. ¿Reacción de los valientes ante la crisis de empleo?

Con un 25% de desempleo en la población adulta (y un 50% para menores de 25 años) en los peores momentos de la crisis, uno se hubiese esperado una enorme reacción social de contestación popular en España, que no se ha producido. ¿Cómo han sobrevivido cientos de miles (si no millones) de familias españolas frente a la crisis? Pues como han podido, haciendo un uso inteligente y eficiente de sus recursos propios, generando el acceso de los miembros de su comunidad a sus cosas a través de la tecnología. Sí, estos ciudadanos se han visto obligados a generar microingresos para poder pagar sus facturas con aquellas cosas que estos ciudadanos ya tenían: su casa, su coche, sus talentos, su tiempo y, en otros países, su energía.

A pesar de estar estigmatizados por los envejecidos gremios industriales, estos ciudadanos han salido adelante y han producido ingresos para España. Y por eso también aparecemos en los primeros puestos de la lista: “El 6% de la población en España participa en iniciativas de este tipo, mientras que la media europea se sitúa en el 5%” (según el Foro Europeo de Economía Colaborativa celebrado en septiembre en Bruselas).

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Parece lógico que profesionales formados, con experiencia y acceso a la tecnología se hayan buscado la vida en España, de manera que parece que pudiera existir una correlación (no confirmada) entre “nivel de desempleo” e “implantación de la economía colaborativa”. Los denominados “ciudadanos productores” han sido los que han impulsado la economía colaborativa. Sería interesante analizar qué habría pasado con estos cientos de miles de parados sin la economía colaborativa y qué habría pasado en España sólo con las soluciones de los gremios.

A pesar de haberse configurado como una solución para cientos de miles de ciudadanos españoles parados, la economía colaborativa, sin embargo, no está exenta de problemas, siendo su principal reto su tratamiento normativo y la oposición de los gremios industriales. La realidad es que, hasta hoy, no sabemos cómo atacar este reto y los proveedores tradicionales industriales prefieren restringirlo o, directamente, prohibirlo… a costa del ciudadano productor, que volvería de nuevo a estar parado y se incrementarían las cifras de paro, de nuevo. Los organismos reguladores están desconcertados. ¿Cómo regular incluyendo a los ciudadanos sin generar conflicto con los gremios industriales?

Pero, ¿por qué la economía colaborativa es considerada “competencia desleal” por los gremios industriales?

Las herramientas de trabajo más conocidas de un ciudadano productor son actualmente Airbnb, Uber, HomeAway, Wallapop y Blablacar en España, apps que ponen en contacto a unos ciudadanos productores con otros. Todas ellas están bajo la lupa de los reguladores. En España, Uber fue prohibido por un juzgado, Airbnb y HomeAway han sido multados por la Generalitat de Cataluña y Blablacar se enfrenta a un juicio histórico (e histérico por parte de Confebús) que pide su cierre cautelar por ejercer “competencia desleal”.

Yo como economista no entiendo, ni tampoco la CNMC como organismo supervisor, por qué se utiliza el término “competencia desleal” con la economía colaborativa cuando no se dan ninguno de los principios previstos para ello:

  1. No se produce el dumping de precios, porque en ningún caso se vende a un precio inferior al coste final del producto.
  2. No se produce el engaño, porque no hacen creer a los compradores que el producto tiene un precio diferente al real.
  3. No se produce la denigración, porque las apps no difunden información falsa sobre los productos de los competidores, ni publican comparativas no relevantes.
  4. No se produce la confusión, porque ninguna app busca parecerse a ningún competidor para que el consumidor compre sus productos en vez de los del competidor.
  5. No se produce la dependencia económica, porque las plataformas no exigen condiciones de exclusividad al ciudadano productor ni pretenden acaparar toda su producción.
  6. No se produce la desviación de la clientela ni la explotación de la reputación ajena ni se pretende el robo de clientes mediante engaños.

Realmente los gremios industriales tampoco han sabido justificar en qué se basan para denigrar la economía colaborativa como “economía sumergida” (cuando existe un 100% de trazabilidad por Hacienda), o peor aún, “economía de piratas”, con numerosas iniciativas online para generar una pésima imagen sobre las apps. Es curioso observar el número de profesionales hoteleros que operan bajo Airbnb disfrazados como “anfitriones”, lo que sí confunde a los viajeros miembros de la comunidad: buscan una experiencia con un local y se encuentran con que hay una empresa hotelera detrás.

Toda la presión que han ejercido los gremios industriales sobre los gobiernos para expulsar a los ciudadanos productores del mercado se verá reflejada en Madrid en el nuevo Decreto impulsado por Carlos Chaguaceda, Director General de Turismo de la Comunidad de Madrid, que saldrá publicado previsiblemente en breve, y que beneficiará a los intereses gremiales sobre el de los ciudadanos. Los gremios hoteleros acusan a la economía colaborativa de competencia desleal y de sus pérdidas económicas (con record de llegadas de turistas), pero me pregunto si quien más grita es quien más debería callar. Me parece mucho más desleal con los ciudadanos generar leyes a sus espaldas y en contra de su propia supervivencia, para garantizar por decreto ley la estabilidad de los negocios industriales tradicionales. Eso supone eliminar una oportunidad de futuro por decreto.

¿Por qué la economía colaborativa es apoyada por la Unión Europea y la CNMC? 

El compromiso de la Unión Europea es con los ciudadanos europeos, no con los gobiernos ni los lobbies industriales. Por ello, el pasado 6 de junio de 2016 la Comisión Europea publicó sus recomendaciones a los 28 estados miembros, conminándoles a no entorpecer normativamente el nuevo paradigma que ha generado una nueva economía de los ciudadanos y una salida digna para millones de parados. La CNMC ha sido muy clara: “No es competencia desleal“.

Y todo esto ha ocurrido porque así lo desea la demanda. Si la economía colaborativa sigue creciendo con cifras de dos dígitos cuando tantas otras industrias necesitan del apoyo público es porque la gente la pide y hace uso de ella. Su aparición ha puesto de manifiesto una posibilidad hasta ahora inédita: el ciudadano puede ser autónomo (no convertirse en “autónomo”) sin necesidad de estar empleado o autoempleado. Su circunstancia de desempleado no implica que esté necesariamente parado. Muchos ciudadanos parados se matan a trabajar para sacar adelante a sus familias, pero no están “empleados” por nadie. Producen a través de la tecnología y sus conocimientos.

Las figuras legales tradicionales no funcionan en la economía de los ciudadanos.

¿Que quieren trabajar? Pues que se hagan autónomos” es la respuesta que se suele obtener, sin caer en la cuenta de que sólo la cuota de autónomos en la mayor parte de casos ya es mayor que los ingresos producidos por la actividad productiva colaborativa. La figura de autónomos, lejos de ser una solución, ha generado un quebranto económico mayor en los ciudadanos y una mayor desconfianza en un sistema que, lejos de generar remedios, ha provocado problemas mayores.

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Los costes derivados de hacerse autónomo suelen ser superiores a los ingresos percibidos, no ya los beneficios generados. Tres cuartas partes de los anfitriones de Airbnb comparten la casa en la que viven y casi la mitad (un 45%) asegura que los ingresos extra que obtiene compartiendo casa le ayuda a vivir en la casa que habita y hacer frente a la hipoteca. Los ciudadanos que comparten sus casas no realizan la actividad para lucrarse, sino para sobrevivir. Otra cosa son las empresas que operan en las plataformas, que sí lo hacen como negocio lucrativo.

Como “autónomos”, ciudadanos sin cultura financiera son obligados a operar como empresas y para alquilar una habitación en su casa deben cumplir con los modelos 111, 115, 130, 190, 303, 390 y 347 de la Agencia Tributaria, darse de alta como autónomo, llevar una gestión de ingresos y gastos (a través de una gestoría), un registro de facturas…. Igual que una empresa.

Los ciudadanos productores se ríen por no llorar ante una realidad hiperregulada que les resulta totalmente incomprensible

En 2015, el 73% de los anfitriones de Airbnb obtuvieron ingresos por debajo de la renta anual media neta de Madrid y  el 77% de ellos anunciaban solo un apartamento en la app. El anfitrión medio en Madrid tiene 48 años y gana gracias a Airbnb 320 euros al mes, un dinero que permite al 45% de ellos cubrir los gastos de mantenimiento de sus hogares. El 91% de ellos tiene un título universitario y está desempleado. Se ha demostrado claramente que las soluciones tradicionales no sirven para la economía colaborativa.

¿Es el ciudadano productor una tercera vía entre empleo y desempleo?

El compromiso de la Unión Europea es con los ciudadanos europeos, no con los gobiernos ni los lobbies industriales. Por ello, el pasado 2 de junio de 2016 la Comisión Europea publicó sus recomendaciones a los 28 estados miembros, conminándoles a no entorpecer normativamente el nuevo paradigma que ha generado una nueva economía de los ciudadanos. Han comprendido que es mejor transformar a ciudadanos reactivos y analógicos que esperan su subsidio cada mes en ciudadanos productores y digitales que responden con 5 estrellas a la demanda (ahorrándose inteligentemente los subsidios de desempleo). No están empleados pero trabajan y producen ingresos.

La economía colaborativa facilita el acceso al mercado y las plataformas son quienes lo facilitan. Así es el nuevo modelo de asignación de recursos en el siglo XXI. De esta manera, aparece un nuevo reto: la mejor respuesta sería la creación de una nueva relación de trabajo en la economía colaborativa. Ello conllevará implicaciones fiscales, legales, seguros, laborales, etc, pero hay que estar atento: el exceso de regulación hará que la economía colaborativa colapse, cortando una fuente saludable de remuneración para muchos individuos. Al mismo tiempo, no podemos tener a millones de trabajadores sin protección social. Realmente la figura de ciudadano productor es un reto en toda regla.

La economía colaborativa ha sido impulsada por ciudadanos innovadores. Si deseamos ponernos al día con esta nueva realidad digital, no sigamos pensando en las soluciones analógicas del pasado para empresas industriales. Apostando por el ciudadano productor podremos entre todos conseguir una España más generosa, inclusiva y productiva. Así, vista, la economía colaborativa podría ser una gigantesca oportunidad para incluir a trabajadores digitales y proactivos en el sistema productivo español. Falta nos hace.

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Acerca de Rafael Martinez-Cortiña

21st century life explorer in Madrid, a city that makes sense
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2 respuestas a La economía colaborativa es una tercera vía entre empleo y desempleo (y salvará a la clase media parada)

  1. Yolanda Arribas dijo:

    Totalmente de acuerdo en lo que comentas, pero si algo tuviera que destacar o resaltar de tu post sería el -miedo-, como sentimiento que nos impide avanzar. Hoy leía en un informe -“Embracing a Digital Future” (Dell Technologies y Vanson Bourne) – que el 78% de los líderes se sienten amenazados por las startups y que casi uno de cada dos no sabe cómo serán sus negocios dentro de tres años; y que el 45% teme que pueda quedarse obsoleto en menos de cinco años. Y ante este miedo, muchas veces se prefiere “prohibir” que avanzar y arriesgar. Este “miedo” también nos invade en las relaciones personales y muchas veces nos impide ser feliz.
    Este miedo nos hace desconfiar de lo desconocido y nos hace pensar que los innovadores tratan de “quitarnos” una parte de nuestra tarta y de ahí pasamos a la prohibición y no nos permite avanzar.

  2. Pingback: Julián Tosina es el prototipo de futuro ciudadano productor… aunque él quizás no lo sepa | Ciudadano del siglo 21

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