Madrid contra la Constitución, la competencia y los ciudadanos

La Comunidad de Madrid ha aprobado el decreto que restringe el alquiler por días de viviendas turísticas por parte de sus legítimos propietarios. La clamorosa presión de los grupos hoteleros ha tenido su efecto en una confusa ley que va en contra de los ciudadanos, de la competencia empresarial y de l espíritu de la Constitución Española.

El equipo actual de gobierno del lugar que me dio la vida se presenta a las elecciones de 2015 con tres claras preferencias de estilo político, basado en lo visto recientemente.

Madrid prefiere legislar contra de la Constitución Española.

La Comunidad de Madrid es especialista en generar leyes inconstitucionales. Hace  unos días el Tribunal Constitucional anuló ocho artículos de la Ley de Patrimonio Histórico. Anteriormente, la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles (apodada Ley Virus por su letal impacto sobre el territorio de la Comunidad de Madrid) también fue denunciada por inconstitucional, al igual que el proyecto de ley para adaptar la legislación regional a la reforma local, en el que toda la oposición ha registrado enmiendas a la totalidad por inconstitucional. Hasta la Ley de Parejas de Hecho es inconstitucional. Y así podríamos llegar hasta la inconstitucional ley “Euro por receta”, de la que la Comunidad de Madrid no devolvió ni un céntimo, “porque el TC no dice nada al respecto”.

Ya no se trata de un error, sino de una costumbre ya arraigada en el equipo de Ignacio González. ¿Qué nos hacía pensar que el decreto que regula la vivienda turística no iba a ser igual de chapucero, interesado y desigual que los demás? Efectivamente, no se ha hecho ningún esfuerzo por encajarla en la Constitución Española. Ni se ha visto la necesidad de aprender las nociones más básicas de lo que se iba a regular. ¿Para qué? La Comunidad de Madrid, al más puro estilo chavista, ha decidido expulsar competidores por decreto ley y no fomentar la sana competencia entre los mismos, a pesar de que el Artículo 38 de la Constitución Española dice que:

“Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”

En este sentido, es conveniente recordar a la Comunidad de Madrid que la Constitución Española no permite que su artículo 38 pueda ser modificado por decreto, y que de hacerse, será como una ley. Hacerlo por decreto está prohibido por el art. 86.1. Como la Comunidad de Madrid no parece que conozca la Constitución Española, ha decidido legislar por decreto. En el sistema de fuentes establecido por la CE, el Decreto-Ley, en tanto que norma emanada por el Gobierno, aparece rodeado de limitaciones causales y materiales, debido a que no es una forma ordinaria de regulación normativa, y supone una invasión del lugar que la Constitución atribuye al poder legislativo. Así en el  artículo 86.1 CE aparece un primer límite a esta potestad normativa excepcional, que se residencia en la causa que legitima acudir  a este procedimiento de emanación de normas legales. Este límite es el de la “extraordinaria y urgente necesidad”.

Madrid prefiere legislar contra la competencia del libre mercado.

No hace falta ser economista para saber que las imposiciones legales sobre las características de la oferta hacen variar la competencia en una situación de libre mercado, y siempre a favor de unos competidores y en contra de otros. Impón grandes barreras de entrada, con condiciones arduas de cumplir y destruirás esa oferta. Romperás la competencia y eso tendrá sus consecuencias. Es lo que pasa en las economías marxistas, por ejemplo. Bueno, y en Madrid también.

Hasta hace poco tiempo, la Ley de Arrendamientos Urbanos permitía alquilar tu vivienda por días dentro de la ley. Con el cambio de la ley, Mariano Rajoy dejó en un vacío legal estos arrendamientos. El decreto de la Comunidad de Madrid para regularlo exige a todos los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid volver a regular sus normativas de licencias. Es el Ayuntamiento quien permite ejercer la actividad turística mediante la licencia correspondiente de actividad. Las condiciones de la actual normativa municipal hacen muy difícil o imposible cumplir los requisitos para la obtención de licencias turísticas por parte de los ciudadanos. El fin que pretende la legislación regional de permitir la actividad no podrá cumplirse. Se impedirá el desarrollo de un sector que está generando empleo, actividad económica y atrayendo visitantes a Madrid. Estos visitantes antes no venían y, muy posiblemente, no vuelvan más. En Madrid, se restringe una oferta que responde a una demanda para adaptarla a otra oferta con otra demanda diferente.  Es decir, toda la demanda es atendida en solitario por un solo tipo de competidor. Por decreto de la Comunidad de Madrid, quien ha reinventado el concepto de la propiedad privada, como en los países…. esos.

Madrid prefiere legislar contra sus propios ciudadanos.

En nuestra sociedad se percibe que los poderosos buscan connivencias para mantener sus privilegios sin competencia. Los ciudadanos observamos que se rompen las oportunidades que los emprendedores imaginan o buscan para salir adelante. Es necesario cambiar está percepción. Se puede pasar de un esquema donde todo el turismo y sus beneficios están en manos de unos pocos para crear nuevas oportunidades para muchos más.

Los hoteles y antiguas modalidades de alojamiento han despersonalizado la atención al cliente y la percepción es que no hay compromiso personal del proveedor al consumidor. Un tipo de demanda ha encontrado una oferta que desea cambiar esto y en sus comentarios online se ve claramente, generando, además, un crecimiento de la demanda.

Las consecuencias de no permitir estas actividades son claras: deslegitimación de  una actividad que era legal, una imagen de Madrid menos acogedora, pérdida de visitantes a Madrid, pérdida de actividad económica, pérdida de ingresos fiscales, miles de familias al paro, más desahucios, más economía sumergida y más frustración en los ciudadanos.

Los ciudadanos y emprendedores en la Comunidad de Madrid ya tenemos herramientas tecnológicas a nuestra disposición para superar las trabas de una legislación restrictiva (agrupadores online de oferta, pagos en crypto-monedas, comunicaciones P2P encriptadas conectadas con la economía colaborativa en todo el mundo y otros muchos recursos procedentes de comunidades que han permitido que el mundo funcione como un cerebro interconectado 24/7). Ignorar esta realidad es contraproducente, como se ha demostrado en todos los casos donde ha habido una “bala digital”. Esta actividad va a continuar, legalmente o no. Legislar sin tener en cuenta la realidad es legislar a contracorriente. Estos ciudadanos y emprendedores no quieren negocios ilegales. Quieren formar parte del tejido económico y social como todo los demás, con seguridad jurídica y un futuro digno. Piden cosas posibles y que ya son una realidad hoy.

No es la primera vez que el Tribunal Constitucional o el de la Competencia tiene que intervenir ante la Comunidad de Madrid, para la vergüenza infinita de los madrileños ante la incapacidad e impunidad de unos gobernantes que, encima, se presentarán como alternativas de cambio.

Que Dios nos pille confesados.

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Acerca de Rafael Martinez-Cortiña

21st century life explorer in Madrid, a city that makes sense
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